Estos últimos días han surgido dos buenas noticias para muchas pymes, por un lado se han empezado a abonar los pagos correspondientes a las facturas adeudadas y que se han incluido en el plan de pagos a proveedores y, por otro, el Gobierno ha decidido dar una nueva oportunidad a aquellos ayuntamientos que no acudieron a la “primera convocatoria” o a los que su plan de ajuste no fue aceptado por la Administración Central.
De esta forma se amplia el plazo hasta mediados de junio para que aquellos que no acudieron en primera instancia puedan acogerse al plan. De igual manera, los ayuntamientos que vieron como se rechazaba su plan de ajustes podrán rehacerlo en este plazo y volver a enviarlo.
Hay que tener en cuenta que prácticamente la mitad de los ayuntamientos que se presentaron al plan vieron como el Gobierno rechazaba los ajustes propuestos para amortizar el crédito que se utiliza para el pago de las facturas adeudadas.
Si a esto le unimos que de los 40.000 millones de euros en facturas adeudadas que se estimaban que los Ayuntamientos debían a sus proveedores apenas llegaron a 10.000 millones las que se declararon, podemos sacar la conclusión de que el plan de pagos podría ser un buen instrumento para que se agilizara el abono de esas facturas, pero se antoja insuficiente para solucionar el problema.
Además es una nueva oportunidad para las administraciones locales a las que el Gobierno ya avisó que si no se sometían a este procedimiento se les practicaría una retención del 50% del plan de transferencias que les remite el Estado.
Esperemos que esta medida sirva para que el plan se ejecute con mayor efectividad y tanto administración como empresa puedan liquidar sus cuentas pendientes. Otra cosa es que esta situación siga manteniéndose con las deudas futuras, algo que parece que ya se está produciendo.
El principal motivo para que el Gobierno sacara adelante el plan de pagos a proveedores era poner al día la morosidad de la Administración. Hacer “borrón y cuenta nueva” con las deudas atrasadas, pagarlas y que, desde ese momento, éstas cumplieran con el plazo de pago marcado por la Ley contra la Morosidad. Sin embargo los datos muestran que esto no es así y que las nuevas deudas se siguen pagando fuera del plazo legal.
