Ley de segunda oportunidad


El pasado 30 de julio entró en vigor la Ley de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social que permitirá que particulares, emprendedores, pequeños empresarios y consumidores puedan liberarse de todas las deudas. Además, la norma elimina las cláusulas suelo para los colectivos vulnerables y prorroga dos años la moratoria para los desahucios.

La nueva norma amplía las posibles quitas de deuda a los particulares y autónomos —que hasta ahora tenían que responder de todas sus deudas de por vida— con deudas que no superen los cinco millones de euros. A partir de ahora podrán negociar rebajas en las deudas con sus acreedores. Para ello deberán declarar un proceso concursal y se facilitan los acuerdos extrajudiciales de pagos. Para el resto de empresas y sociedades ya existe un proceso de concurso de acreedores.

Para conseguir una reducción del pasivo, el particular o el autónomo tendrán que liquidar sus bienes y destinar el dinero conseguido a liquidar el pasivo. Se fomenta el acuerdo extrajudicial entre el deudor y los acreedores, que será tutelado por un mediador o notario. En caso de no alcanzar un acuerdo se declarará el concurso de acreedores y si este concluye por insuficiencia de masa —cuando se carece de recursos para pagar las deudas surgidas con posterioridad a la declaración de concurso. Es decir, no se pueden afrontar los gastos de procedimiento— se podrán aplicar quitas. Además, se exige haber actuado de buena fe. En este punto se exige que el deudor no haya sido condenado por delitos económicos o societarios en los últimos 10 años, ni declarado culpable en el concurso de acreedores.

Si no ha podido satisfacer los anteriores créditos y siempre que acepte someterse a un plan de pagos durante los cinco años siguientes, el deudor podrá quedar exonerado provisionalmente de todos ellos salvo los públicos y por alimentos, contra la masa y aquellos que gocen de privilegio general.

Para poder acogerse a la dación en pago —cancelar la parte de la hipoteca pendiente de pago con la entrega del inmueble—, el deudor ha de aceptar someterse al plan de pagos durante los cinco años siguientes al fin del concurso para abonar los créditos contra la masa y los que no gocen de privilegio en general. En este lustro, las deudas pendientes no devengan intereses. Con esto, el afectado quedará exonerado de sus créditos, excepto de los públicos y los relacionados con pensiones alimenticias.

En este periodo de tiempo, el deudor deberá realizar un esfuerzo sustancial para satisfacer sus deudas. La Ley, que busca evitar insolvencias estratégicas o daciones en pago selectivas, obligará a revocar este beneficio si se acredita que el deudor ha ocultado ingresos o bienes o que ha conseguido mejorar su situación económica. Cualquier dación en pago debe ser aprobada por un juez.

Fuente: noticias.juridicas.com